Para ello se diseña una intervención dirigida a fortalecer el ejercicio de tales derechos, mediante 4 líneas de actuación: (i) promoción de capacidades políticas y estratégicas de lideresas y usuarias de agua; (ii) fomento del tejido asociativo feminista orientado al empoderamiento y la incidencia en espacios de decisión; (iii) impulso de medidas de sensibilización y movilización social que contribuyan a superar las brechas de género; y (iv) mejora de la calidad de los servicios de agua y residuos sólidos, incorporando la perspectiva de género en los instrumentos de planificación y en la gestión de las JASS[1], ATM[2] y CAM[3].
[1] Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento.
[2] Áreas Técnicas Municipales.
[3] Comisiones Ambientales Municipales.